Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda mexicana, tiene el pleno derecho de agotar todas las instancias legales que la Constitución de nuestro país le permita para aclarar lo que él y la cúpula perredista consideren anomalías en las elecciones del pasado 1 de julio.
Por lo anterior, y debido a que, hasta ayer, su proceder ha sido dentro de la legalidad, habrá que esperar hasta que se agoten todas las instancias requeridas para esclarecer los señalamientos de irregularidades en dicho proceso. Y, después de ello, acatar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El comportamiento de los electores fue ejemplar en esa jornada. Votaron 50 millones de los más de 79 millones que conforman el padrón electoral. Una cifra histórica, se dijo. Igual fue la conducta de los miles de ciudadanos que participaron como funcionarios de casillas. Por eso señalamos que las elecciones fueron ejemplares.
Pero el lado obscuro del proceso electoral estuvo a cargo de los partidos políticos con la compra del voto, una práctica deleznable que echó raíces en nuestro país y que impide la consolidación de la incipiente democracia mexicana.
López Obrador hace señalamientos fuertes en tal sentido en contra del PRI y su candidato. Incluso ya habla de 5 millones de votos comprados por el tricolor. Aunque ofrece revelar el método que empleó para llegar a esa cifra en unos días. Será interesante saberlo.
Ahora tendrá que demostrarlo con evidencias fehacientes. El que acusa tiene la obligación de demostrar la culpabilidad del acusado. Y, si así fuera, se tendrá que castigar con todo rigor el proceder ilícito del transgresor, en este caso el tricolor.
Ayer, Enrique Peña Nieto, después de varios días de estar ausente de las conferencias de prensa, ofreció una en donde lamentó que se recurra “al engaño y a la mentira” para tratar de distorsionar la elección. Dijo que las acusaciones en contra del PRI, por la compra de voto, son “un montaje, una mofa y una burla al voto libre y razonado de los mexicanos". Son infundios absolutos, una mentira que se quiere hacer verdad, señaló.
PRI, PRD y PAN no estuvieron a la altura de esa jornada electoral histórica. Y la desfachatez de sus dirigentes es acusar a otros del mal que ellos mismos practicaron. Hay videos, fotografías y testigos que evidencian a los tres partidos en el reparto de despensas y materiales de construcción a cambio del voto.
Sabiéndose perdedores exponen y denuncian ante la opinión pública las artimañas y los trucos que ayudaron a su adversario a alzarse con la victoria, siendo que ellos mismos los utilizaron pero no les alcanzó el presupuesto. No sobornaron más no por exceso de moralidad, ética, o apego a la ley, sino por falta de recursos para coaccionar el sufragio. ¡Qué vergüenza de los tres partidos!
En política es práctica rutinaria difamar al contrario, evidenciarlo y desacreditarlo mientras se demuestra si eran ciertos o no los reclamos. Y, claro, prender la mecha de los simpatizantes de los derrotados que quieren ver correr sangre.
Para López Obrador en sus reclamos de impugnación, existen sólo dos caminos: Nulidad e invalidez. Para él no hay recurso legal en el tema electoral que lo satisfaga más que el permitirle ser ungido como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sin más dilación.
La impugnación que hizo a las elecciones el lunes 2 de julio y la respuesta del IFE con el recuento de 54.8 por ciento de las casillas arrojaron un cómputo igual de adverso al candidato perredista, que el del PREP del lunes 2 de julio (EPN 38. 21 %, AMLO 31 59%) que sigue sin llenarle la pupila. Ya declaró que el recuento no es suficiente.
Es clara la reticencia del tabasqueño para aceptar que los votos, por escaso o amplio margen no le han favorecido y se vale de todos los recursos para ver cambiar su hado.
En cualquiera de las contiendas electorales celebradas en México los perdedores, argumentan fraude, compra de votos a favor del ganador e innumerables anomalías y, tenga usted la seguridad, que se crea una duda razonable en el electorado.
¿Por qué? Porque, desafortunadamente, en nuestro país existe la cultura de obtener el triunfo a toda costa, sin importar la legalidad de los métodos. Solo ganar importa, "haiga sido, como haiga sido".
Una vez que usted desacreditó a su adversario la ley le permite impugnar el proceso electoral, pedir la nulidad y la invalidez. Pero, y aquí estriba el meollo, el quid del asunto, tiene usted la obligación legal de probar su dicho, las maniobras fraudulentas del proceso impugnado. No basta con declaraciones mediáticas sensacionalistas.
Y, una vez que las autoridades competentes analizan las evidencias emiten su resolución que puede ser a favor o en contra de los que impugnan. En cualquiera de los casos, las partes involucradas tendrán que aceptar y cumplir con la resolución emitida por las autoridades. Así es como se procede en la democracia. De otra manera se cae en la anarquía, en la ilegalidad.
EL PILÓN. ¿Por qué asegurar que 5 millones de votos fueron comprados de forma ilegal. Porque la aritmética dice que si restamos esa cifra a los 19. 227, 784 votos obtenidos por el puntero, le quedarían sólo 13.227,784, cifra inferior a los 15.896,999 votos del segundo lugar. De esta forma se crea otra duda que pretende hace creer a la ciudadanía que el vencedor fue el segundo lugar. ¡Interesante!
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